Río Negro refuerza el control sobre el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales y técnicas, el Gobierno de Río Negro desplegó un operativo de fiscalización integral sobre distintos puntos de la traza del oleoducto Vaca Muerta Sur. La inspección contó con la participación conjunta de equipos técnicos de las áreas de Ambiente y Cambio Climático, Hidrocarburos, Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la Secretaría de Trabajo.

Durante la jornada, los inspectores recorrieron el obrador principal ubicado en Chichinales, en el kilómetro 66 de la segunda etapa del ducto, así como diversos frentes de obra situados en la barda norte, donde actualmente trabajan más de 800 personas.

“Hoy vinimos todos los organismos de la provincia de Río Negro que nos encargamos de fiscalizar y controlar la actividad de la construcción del Vaca Muerta Oil Sur", explicó Amelia Lapuente, técnica de la Secretaría de Hidrocarburos.

Los controles incluyeron tareas de verificación de la trazabilidad de los materiales, condiciones de seguridad e higiene, manejo de residuos especiales y cumplimiento de la normativa laboral vigente. Además, se inspeccionaron trabajos de soldadura mecanizada en la planta de doble junta, donde se emplea tecnología de alta precisión sin intervención manual, lo que garantiza altos estándares de calidad mediante evaluaciones radiográficas.

"Estas inspecciones son de rutina y se realizan de manera permanente. En esta ocasión, sumamos un trabajo conjunto que nos permite un control aún más exhaustivo", agregó Lapuente.

La segunda etapa del proyecto contempla más de 430 kilómetros de ducto entre Allen y Punta Colorada, lo que consolidará a Río Negro como un corredor estratégico para la exportación de petróleo desde Vaca Muerta hacia mercados internacionales. En tanto, la primera etapa —ya en marcha— conecta Loma Campana con Allen a través de 130 kilómetros de cañerías.

A través de estos operativos, la provincia reafirma su compromiso de ejercer un control riguroso sobre las grandes obras de infraestructura energética, priorizando la protección ambiental, la seguridad de los trabajadores y el interés público.